Díaz se impone a Cuerpo

El Gobierno pisa el acelerador para conseguir que la reducción de la jornada pueda aprobarse el próximo martes en el Consejo de Ministros. Trabajo y Economía pactan no modificar el texto acordado con los sindicatos y rechazado por los empresarios.

Semana clave para el futuro de la reforma con la que el Gobierno espera activar el botón del trámite parlamentario de la reducción de la jornada laboral. Días después de la batalla abierta entra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por los tiempos y parte del contenido de la reforma que prevé implantar las 37,5 horas semanales máximas de trabajo antes de que acabe el año y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos abordó finalmente este lunes el texto acordado con los sindicatos -y rechazado por las organizaciones empresariales- que el Ejecutivo espera llevar a examen en el Congreso en los próximos días, donde buscará redondear el anteproyecto que debería obligar a las empresas a implantar la nueva jornada laboral antes de final de año.

-La reducción de jornada irá al Congreso sin ayudas a empresas y para aplicarse ya en 2025

Finalmente, Trabajo parece haberse impuesto a Economía en el primer lance, en el que ambos ministerios habían discrepado especialmente sobre los plazos de aplicación de la medida. Pero tal y como se dirimió en la Comisión Delegada, el texto se tramitará como proyecto de ley por trámite de urgencia, lo que da cabida a un trámite en el Congreso en el que se vote la reforma antes de mitad de año y se cumpla con la disposición transitoria de deber de adaptación antes del 31 de diciembre de 2025. De hecho, pese a las puntualizaciones sobre los determinantes de la reducción de jornada que se habían lanzado desde el ala socialista del Ejecutivo, el se aprobará el texto tal y como lo había alumbrado el departamento de Díaz tras su pacto con UGT y CCOO. Esto es, con la obligación de no reducir la jornada a los contratos a tiempo parcial, el periodo transitorio que insta a las empresas a adaptar el convenio colectivo antes de que finalice 2025 y sin un paquete de ayudas económicas para las empresas, especialmente para las de menor tamaño.

Esta Comisión es el penúltimo paso antes de que el Consejo de Ministros de luz verde al proyecto de ley y arranque el incierto trámite parlamentario. Antes, en los próximos días, deberá pasar por la Comisión de Subsecretarios. Si todo va según los previsto la medida podrá ser aprobada en Consejo de Ministros el próximo martes.

Discrepancia en el Gobierno

Por lo que en cierto modo, este paso dado implica una victoria de la vicepresidenta Díaz sobre el ministro Cuerpo, quien bajo la premisa de la predisposición del Gobierno en su conjunto a aprobar la reducción de la jornada laboral sí que había reclamado que las empresas contaran con más tiempo para adaptarse a la normativa y que esta aplicación fuera más paulatina. De hecho, pese a la negativa de la CEOE el pasado noviembre, desde Economía han abogado por incorporar a las organizaciones empresariales al acuerdo hasta el último minuto. Además, había apuntado la necesidad de dar acompañamiento a las empresas con ayudas, un punto que también había defendido el Ministerio de Seguridad Social.

Sin embargo, finalmente irá al Congreso sin estas ayudas, aspecto que no obstante Trabajo da por sentado que deberá negociar en el Parlamento si quiere recabar una mayoría que permita sacar adelante la reforma. De hecho, fuentes del Ministerio y de los sindicatos vienen reconociendo en las últimas semanas que si se quiere sacar adelante esta medida que irá sin el sello de las patronales será necesario realizar cesiones, especialmente si se quiere sumar los votos de partidos que aun sosteniendo al Gobierno de coalición se muestran reticentes a la reducción de la jornada sin merma salarial, como el PNV y especialmente Junts.

Cabe recordar que la medida supone un coste de algo más de 15.000 millones para el tejido productivo, sólo por el sobrecargo salarial, según los cálculos del Consejo General de los Gestores Administrativos. En este sentido, fuentes empresariales señalan a EXPANSIÓN que tras la retirada de estas ayudas puede estar la reserva de una baza para la posterior negociación con los partidos políticos de cara a cambiar la incorporación de ayudas por los votos de los partidos más reticentes. Ahora bien, en cualquier caso, parece que la actual situación de ruptura del Gobierno con la formación dirigida por Carles Puigdemont complica más si cabe la aritmética parlamentaria para sacar adelante la medida.

Información de: Gonzalo Velarde (Expansión)