El fiscal general puede ser acusado de un delito continuado al desvelarse nuevas filtraciones contra el novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, puede ser acusado de un delito continuado de revelación de secretos después de que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) haya revelado nuevas filtraciones presuntamente cometidas contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que instruye la causa, Ángel Hurtado, acordaba la citación como testigo del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para el próximo viernes, tras levantar el secreto del informe elaborado por la UCO.

Fuentes jurídicas consultadas destacan que "el fiscal general del Estado podría haber cometido un delito continuado de revelación de secretos que agravaría su pena de prisión en caso de ser condenado frente a un delito de revelación de secretos típico, es decir, se podría situar en la pena máxima. Todo ello, después de que la Guardia Civil haya constatado distintas filtraciones contra Alberto González Amador". La pena por cometer el delito de revelación de secretos oscila de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

"Hasta el momento, el Supremo investigaba la filtración de correos electrónicos a medios de comunicación afines al Gobierno en las horas previas a la difusión de una nota de prensa por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin embargo, la UCO ha revelado que la Fiscalía General del Estado filtró supuestamente la primera información publicada sobre la investigación abierta al novio de Ayuso", añaden.

"El delito continuado agravaría la pena de prisión contra García Ortiz en caso de ser condenado".

El informe de la UCO elaborado tras analizar la información incautada por los agentes durante el registro efectuado a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez apunta al menos la citada nueva filtración: "El día 8.3.2024, la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, a requerimiento de la Fiscalía General del Estado, a través del Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, habría remitido toda la documentación relacionada con la denuncia a Alberto González Amador. Que, de esta documentación remitida, existe una primera filtración a la prensa el día 12,3.2024, a las 06:01 h. en eldiario.es supuestamente realizada por la Fiscalía General del Estado".

Las mismas fuentes consultadas apuntan que "las consecuencias para la Fiscalía tras el demoledor informe de la UCO pueden agravarse. No se pueden descartar otras nuevas imputaciones, incluso en el seno del propio Ministerio Público. La Guardia Civil nombra a varios fiscales que podrían resultar también salpicados".

El artículo 74 del Código Penal define así las características y consecuencias del delito continuado: "El que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado".

Demoledor informe de la UCO

El informe de la UCO de 57 páginas hace referencia a "la participación preeminente del Fiscal General del Estado". También subraya que "las conversaciones mantenidas entre la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, con la Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana Isabel García León, y con el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe, en las que se habla explícitamente de que la filtración es realizada por parte de la Fiscalía General del Estado".

"La publicación en la noticia de extractos de la denuncia de Fiscalía contra Alberto González Amador y del informe de Hacienda que contiene ésta, así como de datos concretos como la cantidad que presuntamente se ha defraudado. La publicación en prensa de esa denuncia se produce antes incluso de que el denunciado (Alberto González Amador) la haya recibido. A las 21:29 horas del 13.3.2024, el Fiscal General del Estado comienza a impartir órdenes para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía", destaca el informe.

Información de Miguel Ángel Pérez. Libertad Digital