El Gobierno estudia una reforma parcial de la Ley para expulsar a las acusaciones populares

El Gobierno de Pedro Sánchez estudia una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para expulsar a las acusaciones populares de sus casos de corrupción.

En la actualidad, Sánchez y el Ejecutivo socialista están cercados por la trama Koldo, el caso Begoña Gómez o la causa contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez. Todas estas causas han sido impulsadas por acusaciones populares como Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias o Vox.

Coincidiendo con el avance de estas investigaciones, el ministro de Justicia Félix Bolaños anunciaba en las últimas semanas su intención de sacar adelante una reforma de la LECrim con el objetivo de entregar la dirección de las investigaciones a la Fiscalía y eliminar a las acusaciones populares.De esta forma, la Fiscalía decidiría sobre el archivo de las causas que afectan al Gobierno.

Fuentes jurídicas consultadas afirman que "el Ejecutivo socialista estudia efectuar una reforma parcial y exprés de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entregar las investigaciones judiciales a la Fiscalía conlleva una reforma muy profunda con centenares de artículos que sería difícil de tramitar. No obstante, Sánchez puede promover una reforma parcial que se centre única y exclusivamente en modificar los artículos de la LECrim que hacen referencia a las acusaciones populares".

"El Ejecutivo se centraría así en expulsar o no permitir a las personas jurídicas personarse como acusaciones populares en los procedimientos. Estos planes del Gobierno de Sánchez tendrían un difícil encaje jurídico, ya que esta reforma afectaría a los derechos fundamentales.

Si se expulsa a las acusaciones populares del caso Begoña Gómez, la trama Koldo o el caso David Sánchez, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva de dichas asociaciones o partidos políticos", añaden.

Félix Bolaños: “Lo que quieren es perseguir a personas progresistas y a sus familias”. 

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el Gobierno intentaría sacar adelante esta reforma parcial con celeridad a través de un decreto, algo que en principio sería ilegal al afectar derechos fundamentales. No obstante, para avalar este procedimiento claramente inconstitucional cuenta con el comodín del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido".

"Si Sánchez saca adelante su reforma de la LECrim, supondrá un asalto a la justicia con consecuencias trágicas. Teniendo en cuenta que la Fiscalía de Álvaro García Ortiz ha pedido en reiteradas ocasiones el archivo del caso Begoña Gómez o que ha intentado anular la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, estas causas judiciales podrían cerrarse en falso", concluyen.

El pasado mes de diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la parte de la trama Koldo que afecta a los aforados, Leopoldo Puente, provocó una gran polémica tras unificar a las acusaciones populares personadas en torno al PP y sólo permitir a los populares estar presentes en las declaraciones en sede judicial.

A mediados de diciembre, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaba por asentimiento el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. El informe aprobado ya había sido elevado al Pleno por el anterior Consejo, que tomó conocimiento del mismo el pasado 27 de junio. El nuevo CGPJ consideró, que no procede realizar uno nuevo, pero sí un Anexo que contiene correcciones formales y actualizaciones en relación con las reformas legislativas de la LECrim posteriores a la finalización del informe.

El pasado 27 de diciembre, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguraba que analizarán la figura de las acusaciones populares toda vez que considera que se está "pervirtiendo" su "espíritu" por las "organizaciones ultraderechistas". Bolaños afirmaba que dichas acusaciones están recogidas en la Constitución y que su regulación "se ha de remitir a la ley, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El ministro de Justicia apostillaba que "se está pervirtiendo el espíritu de la figura de la acusación popular por las organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y esclarecer los hechos". "Lo que quieren es perseguir a personas progresistas y a sus familias y, por tanto, este es un asunto que tenemos que analizar y que, cuando tengamos respuesta, la explicaremos públicamente", señalaba.

Información de: Miguel Angel Perez (Libertad Digital)