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Magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción también jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas han presentado una querella criminal contra el rey emérito, don Juan Carlos I, por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos en las declaraciones tributarias correspondientes entre los años 2014 y 2018.
Los querellantes argumentan que las dos regularizaciones fiscales que Juan Carlos I presentó en el año 2020 y 2021, con el pago de más de 600.000 euros, y en 2021, con el pago de casi 4,4 millones de euros, no cumplen con los requisitos legales porque se habrían efectuado cuando ya se le había notificado en dos ocasiones sobre una investigación abierta contra él por hechos con "relevancia tributaria".
En concreto, desde la primera notificación hasta la primera regularización llevada a cabo, transcurren siete meses, según ha señalado este lunes José Antonio Martín Palín, magistrado emérito del Supremo y uno de los querellantes, durante una entrevista concedida en La Hora de la 1.
Los denunciantes consideran que no han prescrito los delitos fiscales cometidos entre 2014 y 2018
Entre los querellantes figuran además fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.
"Para que la regularización surta sus efectos despenalizadores tiene que producirse antes de la notificación de inicio de actuaciones por la Agencia Tributaria", reza el comunicado emitido por los magistrados.
Los hechos denunciados se habrían cometido, presuntamente, después de la abdicación de Juan Carlos I, lo que supone la pérdida de la de inviolabilidad que le han otorgado los tribunales españoles al interpretar el texto constitucional.
El texto expresa la disconformidad de los querellantes contra el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado, que dio por buenas en 2022 las dos regularizaciones fiscales que realizó el rey emérito sobre sus finanzas.
Asimismo, el documento recuerda la potestad que tienen los órganos judiciales para determinar, al margen de la opinión del Ministerio Fiscal, "si la regularización es correcta o por el contrario, [tal y como sostienen], no se ha ajustado la legalidad".
"En nuestro sistema procesal la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular", agrega el comunicado al respecto.
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