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Tres años después de la última Junta de Seguridad de Catalunya, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presidirá este jueves el máximo órgano de coordinación de las políticas de seguridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos d’Esquadra.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consellera del ramo, Núria Parlon, rubricarán una serie de acuerdos entre los que no estará, finalmente, el compromiso del Gobierno de ceder las competencias de orden público y protección de personas y bienes en puertos y aeropuertos a la policía autonómica, como ya se ha hecho en el País Vasco con la Ertzaintza. El Govern renuncia, de momento, aunque arrancará hoy el compromiso del Ejecutivo central de ampliar el actual techo de la plantilla de la policía catalana, superando los 22.000 que en su momento logró el gobierno de Pere Aragonès.
Ese incremento del techo, que podría alcanzar los 25.000 mossos, requiere de complejas negociaciones en las que están implicados los departamentos que controlan los presupuestos, pero está en la agenda de ambas instituciones, según confirmaron a La Vanguardia fuentes al corriente de las negociaciones.
El Govern renuncia por el momento a la cesión de la seguridad ciudadana en los puertos y aeropuertos
Otro de los puntos responde a otra vieja reivindicación de la policía catalana y que tiene que ver con su representación en órganos europeos, como Europol. Recientemente, los Mossos d’Esquadra en colaboración con la Europol han trabajado, con la policía italiana, en una compleja investigación criminal centrada en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Actualmente, la policía catalana tiene a un cabo que hace funciones de enlace en la oficina en Madrid que la Policía Nacional tiene para las gestiones de los asuntos de Europol.
A falta de conocer la letra pequeña de los avances alcanzados, de los que previsiblemente darán cuenta al término de la reunión Marlaska y Parlon, el plan inicial era rubricar este jueves el acuerdo que estuvo a punto de formalizarse en la anterior Junta de Seguridad de Catalunya, cancelada de manera unilateral por el titular de Interior tras conocerse el adelanto electoral de mayo firmado por el expresident Pere Aragonès.
Sin embargo, la publicación del plan en La Vanguardia el pasado viernes –a horas de que comenzase el congreso federal del PSOE en Sevilla– hizo que la previsión saltase por los aires. Moncloa obligó al ministro del Interior a emitir un comunicado conjunto con el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat desmintiendo la información, que estaba contrastada por varias fuentes del propio ministerio al corriente de las negociaciones, que se han ido fraguando desde el pasado mes de septiembre. “Después de ese desmentido de la semana pasada, no podemos incluir la cesión”, explican ahora las mismas fuentes, que vaticinan que el traspaso se podría materializar en una próxima cita, “cuando las aguas estén más calmadas”, en referencia a todos los frentes que tiene abiertos el Gobierno.
Fuente: La Vanguardia.
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