Un gobierno de hampones que roban y borran sus teléfonos móviles

Pocos casos en la historia de España tan graves como los términos de la comparecencia ante el Tribunal Supremo de la Fiscalía General del Estado, de esa tríada que componen Alvarone, la Cianuro y el Villafañe. Lo peor no fue la chulería de García Oritz, calcada de su capo Falconetti, que han llevado a 11 fiscales de sala y dos ex fiscales generales del Estado a instar su dimisión.

Porque, como dicen, cualquier presunto delincuente, confeso o relapso, puede mentir o callar siendo imputado, pero un fiscal general del Estado no puede negarse a contestar las preguntas de un juez del Supremo.

Declarar ilegítima a la más alta instancia judicial, como hizo, y desde un cargo que juró guardar y hacer guardar la Constitución y está al frente del Ministerio Público, guardián severo del cumplimiento íntegro de la Ley, es una inversión de valores tan atroz, tan descarada, que, sólo verla, ruboriza.

Como los delincuentes en ‘The Wire’ Los fiscales que no se resignan al descrédito de un cuerpo al que han dedicado su vida, basarán su rechazo en términos de jerarquía y moralidad. Un fiscal no puede cobrar un sueldo del Estado y burlarse de la legalidad que, al máximo nivel, representa el Tribunal Supremo. Y además acusarlo de prevaricación en sus narices y comportarse desde lo alto del estrado con la facundia de un ladrón de bancos o alunicero de joyerías al que la policía atrapa pinchándole el teléfono, pero piensa reincidir apenas tenga ocasión.

Confieso que a mí lo que más me ha persuadido de que no estamos ante un Gobierno que pernocta en la ilegalidad y amanece pensando en delinquir, sino ante una banda de hampones es que se comporta como cualquier pandilla dedicada al tráfico de drogas y utiliza para sus trapicheos esos móviles prepago que se usan una vez y se tiran, para borrar la participación en tal o cual fechoría.

Una de las grandes series de televisión de las últimas décadas es The Wire, que retrata el funcionamiento del hampa de la droga y lo que debe hacer la policía para llevarlos ante la justicia y conseguir una condena. La clave está siempre en la línea de teléfono, sea o no wireless, pinchada con orden judicial sin que se entere el delincuente.

Pero el malo no es tonto, y suele ir por delante de la policía, buscan una línea, wire, que no le pinchen. Hay testimonios que, por la forma de obtenerlos, no tienen validez judicial y permiten al malo irse de rositas, así que la serie es un frenético, interminable forcejeo entre astucias de buenos y malos, a veces mezclados.

Del Pegasus de Sánchez a la destrucción de móviles de todo el Gobierno

Sánchez fue pionero en la ocultación de mensajes y cambios de móvil. Es el caso Pegasus, el espionaje al presidente y tres ministros por Marruecos que detectó Israel, creador del sistema, facilitó a Francia, porque del amigo de Hamas no se fía, y aterrizó en el CNI, que aseguró a Sánchez que estaba siendo espiado por Rabat, pero que si les entregaba el móvil, le cambiarían el encriptado y borrarían el spyware de Pegasus que le habrían puesto allí.

Increíblemente, Sánchez se negó. Prefirió comprar móviles nuevos para él, Robles, Marlaska y alguno más, para que nadie del CNI pudiera enterarse, por ejemplo, de si la entrega del Sahara se produjo bajo chantaje o soborno. Antes, en una expedición marroquí, ya le habían robado el móvil a Begoña, que andaba de negocios con la patronal de Mohamed VI. Vamos, que toda la familia, negocios y contactos estaban en manos del hostil vecino del Sur.

Pero es Alvarone el que ha llevado la técnica de los narcos de The Wire a un nivel superior. Ya le pillaron borrando datos del suyo junto a su segunda, Sánchez Conde, en pleno registro de su despacho por la UCO.

Pero lo más desvergonzado en este atleta de la sinvergonzonería es que, cuando el juez le pidió su móvil entregó uno recién comprado, no sé si corriente o prepago, al modo de los delincuentes habituales.Pero al verlo el juez nuevo y vacío y preguntarle por esa anomalía, dijo que él cambiaba mucho de móviles, seis en dos años y medio, y que los mensajes de la semana en que se dedicó obstinadamente al delito de revelar secretos del novio de Ayuso, los había borrado, primero dijo que por un protocolo de seguridad, que era mentira, y luego, para proteger a "altas autoridades del Estado".

Dado que con Zarzuela no tiene trato alguno, esas autoridades altísimas sólo pueden ser el presidente, la presidenta, Bolaños y su jefe de gabinete, Oscar López, que, con su segunda, Acera, fue quien recibió los datos ilegalmente obtenidos, se los reenvió a Lobato, y ante su negativa a delinquir abiertamente, no en balde es funcionario de Hacienda, los pasó a dos medios afines, de donde fingió tomarlos Lobezno y tirárselos a la cabeza a Ayuso en la Asamblea, pero se fue a un notario para consignar que él era inocente del tráfico de datos robados. Inocente… pero cómplice.

Esta semana pasada, en su declaración por la Trama Hidrocarburos, Reyes Maroto, que como ministra de Industria otorgó el permiso al negocio de Aldama, aunque el permiso definitivo lo dio la vicepresidenta Ribera, no diré sorprendió, pero sí nos permitió constatar que todos los ministros que han tenido alguna relación con las tramas de corrupción sanchistas se han librado de la prueba que pudieran suponer sus móviles, ojo, institucionales.

El borrado parcial del móvil de Aldama

Poco antes de la confesión de Maroto, se filtró que todo el Consejo de Ministros había cambiado de móviles, no sabemos cuántas veces. Pero sí permite concluir que ese es el modus operandi de lo que Albert Rivera, en su profético discurso, llamó la Banda de Sánchez, reunida en la Habitación del Pánico, por miedo a perder el poder y que los pillaran.

Y es que ahora sabemos que empezaron a robar desde el primer día que pisaron moqueta. Estamos hablando de móviles institucionales (en los USA no permiten que los altos cargos de la Administración tengan otros) en los que cualquier ministro, hasta Pilar Alegría, tiene valiosa información que afecta a los directores generales y altos funcionarios en asuntos vitales y cuya cuantía económica obliga a guardar pruebas que acrediten la legalidad de todas sus actuaciones.  

Borrar, triturar o deshacerse de esos móviles oficiales señala la ocultación continuada de datos incriminatorios. 

Y nos remite al asalto del móvil más delicado para Sánchez y su ministrada: el de Víctor de Aldama. Animo a ver el programa en YouTube de Carlos Cuesta sobre esta escandalosa epopeya delictiva de robar-y-borrar.

Cuando el juez Pedraz recibió el móvil de Aldama, tras el acuerdo de su abogado con el fiscal y los jueces de los casos Koldo e Hidrocarburos, lo guardó como prueba de la complicidad del Gobierno en los delitos que se le investigaban y en los que se le pudieran imputar, que son muchísimos más. Y hete aquí que, cuando llegan al volcado y desencriptado de ese móvil, se conservan las conversaciones de Aldama, pero no las de sus interlocutores, que aparecen como no accesibles por cambio en el sistema de acceso.

Es evidente que esa entrada a lo Pegasus en un móvil protegido por el juez se ha hecho después de que Aldama lo depositara en el juzgado de Pedraz. Y es también obvio que la sofisticadísima intervención de ese móvil sólo la pudieron acometer funcionarios que delinquen a las órdenes del Gobierno, como en el GAL, o profesionales altísimamente capacitados que cobran por ese delito dinero de fondos públicos. 

¿Fondos españoles o venezolanos? La trama de Aldama, que es la de todo el Gobierno Sánchez, ha sido, desde el principio, más caraqueña que madrileña. En ella, siempre aparecen los mismos; y siempre, al fondo, Sánchez, sin el que ninguna de estas fechorías se hubiera podido no ya cometer, algo imposible, sino siquiera imaginar. Ya conocemos que la banda cobraba por concesiones de carreteras. Es posible que, como en The Wire, acabemos sabiendo cómo se repartían las esquinas.

Información de: Federico Jiménez Losantos (Libertad Digital)